Por Esmerlin Molina
En República Dominicana enfermarse puede convertirse, además de en una batalla por la vida, en una batalla económica para la que muy pocas familias están preparadas.
Hay realidades que solo comprendemos verdaderamente cuando nos obligan a detenernos y mirar de frente aquello que durante años hemos preferido no cuestionar.
Una de ellas es esta: en República Dominicana, enfermarse puede significar también empobrecerse.
Y no hablo de una consulta médica de rutina ni de comprar un medicamento para un dolor pasajero. Hablo de esos casos en los que una persona termina conectada a un ventilador, ingresada en una unidad de cuidados intensivos y cuya vida depende de una atención médica permanente.
Ahí comienza otra enfermedad: la económica.
Porque mientras los médicos luchan por salvar una vida, una familia puede estar librando otra batalla, esta vez contra una cuenta que crece cada día.
Una unidad de cuidados intensivos puede convertirse rápidamente en una factura que un trabajador común y corriente sencillamente no puede sostener. No porque no quiera. No porque no valore la vida de su familiar. Sino porque ningún salario promedio está diseñado para soportar indefinidamente el costo de una emergencia médica de alta complejidad.
Y entonces aparece el gran dilema.
Si tienes dinero, puedes intentar continuar.
Si no lo tienes, buscas una cama en el sistema público.
Pero ¿qué sucede cuando esa cama no está disponible?
Ahí es donde nuestro sistema de salud tiene que mirarse al espejo.
El hospital regional universitario José María Cabral y Báez es una referencia fundamental para Santiago y para pacientes provenientes de distintas provincias de la región. Por eso resulta inevitable preguntarnos si la capacidad de sus unidades de cuidados intensivos responde realmente a la magnitud de la demanda que recibe.
¿Puede un hospital de referencia regional tener una disponibilidad de camas UCI que resulte insuficiente para la realidad que enfrenta?
Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando no hay una cama?
La respuesta no puede ser simplemente: “Hay que esperar”.
Porque en una emergencia crítica, esperar puede significar perder la vida.
Imaginemos a un paciente que lleva días ingresado en una clínica privada. Su condición requiere cuidados intensivos. Su familia ya agotó sus recursos y necesita trasladarlo al sistema público.
Se solicita el traslado.
Pero no hay cama.
Pasa un día.
Luego otro.
Una semana.
Dos semanas.
Y mientras la familia espera una respuesta administrativa, médica o institucional, hay una persona cuyo estado de salud no entiende de burocracia, disponibilidad presupuestaria ni listas de espera.
El cuerpo humano no puede ponerse en pausa hasta que aparezca una cama.
Esta es la parte de la discusión que muchas veces queda fuera de las estadísticas.
Hablamos de cantidad de hospitales, pero no siempre hablamos de cuántas camas UCI están realmente disponibles.
Hablamos de cobertura médica, pero no siempre preguntamos qué ocurre cuando la enfermedad requiere una atención que supera la cobertura disponible.
Hablamos del derecho a la salud, pero todavía tenemos que preguntarnos cuánto cuesta ejercer ese derecho cuando llega una enfermedad grave.
Porque el verdadero problema no es únicamente cuánto cuesta una hospitalización.
El problema es que una familia puede quedar económicamente destruida intentando mantener con vida a uno de los suyos.
Y eso no debería ser normal.
No podemos construir una sociedad donde la diferencia entre recibir una atención continua y quedar a la espera de una cama pública dependa de cuánto dinero tenga una familia en su cuenta bancaria.
Tampoco se trata de enfrentar al sector privado contra el público.
Las clínicas privadas tienen costos, empleados, medicamentos, equipos, especialistas y estructuras que mantener. Y los médicos y enfermeros del sistema público tampoco son responsables de las carencias estructurales que enfrentan.
El problema es mucho más grande.
Es un problema de sistema.
Necesitamos saber cuántas camas de cuidados intensivos existen en nuestras principales ciudades, cuántas están ocupadas, cuántas están disponibles, cuánto tiempo tarda un traslado de un paciente crítico desde una clínica privada hacia un hospital público y qué protocolo se activa cuando una familia ya no puede continuar pagando.
Necesitamos respuestas.
No discursos.
No fotografías.
No promesas.
Respuestas.
Porque cuando una persona llega a una UCI, cada hora cuenta.
Y cuando esa persona además depende de un traslado, cada día de espera puede convertirse en un riesgo que ninguna familia debería tener que asumir.
La salud no puede ser entendida únicamente como un servicio.
Es un derecho.
Y si aceptamos que es un derecho, entonces debemos preguntarnos qué tan efectivo es ese derecho para el ciudadano que trabaja, paga impuestos, cotiza en un seguro y, aun así, un día descubre que una enfermedad grave puede llevarse sus ahorros, sus bienes y hasta la estabilidad económica de toda su familia.
Hay familias que venden vehículos.
Que hipotecan propiedades.
Que piden préstamos.
Que hacen colectas.
Que recurren a amigos, instituciones, iglesias, políticos, empresarios y desconocidos.
Todo para intentar conseguir algo que debería ser mucho más sencillo:
que su familiar tenga la oportunidad de vivir.
No podemos esperar a que una tragedia nos toque de cerca para comenzar a cuestionar estas cosas.
Porque la enfermedad no pregunta cuánto ganas.
No pregunta dónde trabajas.
No pregunta si tienes ahorros.
No pregunta si tienes influencias.
Llega.
Y cuando llega, todos somos vulnerables.
Por eso esta no es una discusión sobre una familia.
Es una discusión sobre todas las familias.
Sobre el trabajador que vive de su salario.
Sobre la madre que sostiene sola su hogar.
Sobre el padre que no tiene ahorros suficientes.
Sobre el joven que apenas comienza a construir su vida.
Sobre el adulto mayor que depende de sus hijos.
Sobre todos aquellos que, frente a una emergencia médica, podrían descubrir que tener derecho a la salud y poder acceder oportunamente a ella no siempre parecen ser la misma cosa.
La República Dominicana ha avanzado en muchos aspectos.
Pero todavía tenemos una deuda enorme con quienes enferman y no tienen recursos suficientes para enfrentar una enfermedad de alto costo.
Porque enfermarse no debería ser un lujo. Y mucho menos debería serlo sobrevivir.
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