El Ministerio Público acusa al exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, uno de los principales señalados en el Caso Calamar, de crear un entramado de presunta corrupción a través del Ministerio de Hacienda para permitir cobros ilegales en bancas de loterías, bancas deportivas y colmados que tenían máquinas tragamonedas, burlando los procesos de control administrativo y legal.
“El acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz, haciendo uso indebido de sus funciones como funcionario de mayor jerarquía del Ministerio de Hacienda, autorizó y dirigió la estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña para obtener fondos ilícitos de procesos de cobros ilegales realizados a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, durante el periodo 2016-2020”, argumenta el órgano acusador en el expediente de más de tres mil páginas.
“En la Dirección de Casino y Juegos de Azar la estructura no gubernamental compuesta Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña, con autorización y bajo la dirección del acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz, instalaron el denominado “proyecto o el programa”, el cual consistía en la gestión del cobro sin base legal, mensual, de una suma de dinero en efectivo a los dueños de bancas de loterías, bancas deportivas y a los colmados que tenían máquinas tragamonedas, donde el dinero obtenido de este cobro fraudulento no entraba a las arcas del Estado dominicano, sino que iba a parar directamente a la estructura de corrupción liderada por acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz”, continúa la acusación.
Según el MP, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó “financió la puesta en marcha del proyecto o programa con la suma de veintiún millones de pesos (DOP 21,000000.00), a cambio de tener una participación en las ganancias que se obtuvieran a través de las recaudaciones ilegales de las bancas de loterías y deportivas, así como de los colmados con tragamonedas”.
El documento señala que Rodríguez Bisonó ganaría quinientos pesos por cada máquina incautada ilegalmente que se obtuviera.
