El presunto esquema fraudulento operado dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no sólo desvió fondos públicos, sino que se estructuró como una operación criminal altamente organizada con ramificaciones financieras, tecnológicas y médicas, según la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.
De acuerdo con el expediente, la estructura funcionó como organización de crimen financiero, combinando corrupción administrativa, ingeniería contable, sobornos y lavado de activos utilizando empresas de carpeta, facturación simulada y manipulación informática.
Crearon una estructura crimen organizado: La red criminal se articuló en el seno de ARS-SENASA, liderada por el entonces director ejecutivo (Santiago Marcelo F. Hazim Albainy), con el fin de sustraer fondos públicos mediante corrupción y lavado de activos, con ramificaciones en el sector privado.
Obstruyeron la Transparencia Interna: Los líderes instalaron un equipo interno para ejecutar una obstrucción sistemática contra cualquier iniciativa de mejora institucional o programa de transparencia, garantizando la continuidad de sus maniobras fraudulentas.
Crearon Programas Especiales Fraudulentos para Sobornos: Crearon la figura de «programas especiales» sin sustento técnico ni financiero, usándolos como conducto para recibir sumas millonarias en sobornos. La Gerencia de Salud tramitó los pagos a la Gerencia Financiera, simulando su legitimidad.
Adulteraron los Estados Financieros de Manera Crónica: Adulteraron sistemáticamente el borderau (Registro de Reclamaciones), instruyendo a personal clave (Contabilidad, Análisis Financiero y Tecnología). Esto se hizo dolosamente para ocultar la dimensión real del déficit y mantener una apariencia de solvencia ante organismos externos.
