El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), firmó un contrato de producción compartida con el consorcio Global Min para la exploración y eventual producción de hidrocarburos en la cuenca del Cibao, un paso estratégico hacia la diversificación y la seguridad energética del país.
El contrato fue adjudicado mediante la Primera Ronda Petrolera, en un proceso competitivo y conforme a la ley, con aprobación pendiente del Congreso Nacional.
El mismo concede derechos para realizar operaciones en los bloques CB1 y CB2, localizados en las provincias Montecristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, considerados de alto potencial en hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Concesión por once años
El contrato fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el representante del consorcio, Félix Manuel Santana Reyes, y establece una concesión por once años para las fases de exploración y explotación de ambos bloques.
Además, el contratista asumirá todos los riesgos, costos e inversiones inherentes a las operaciones, aportando la tecnología, equipos y capital necesarios para la ejecución de las fases de exploración y producción.
De esta forma se garantiza que el Estado dominicano no compromete recursos fiscales, al tiempo que se asegura la implementación de prácticas modernas y eficientes en el desarrollo de los bloques adjudicados.
Con esta firma, el Ministerio de Energía y Minas fortalece su estrategia de seguir consolidando una industria nacional de exploración y producción de petróleo y gas, al tiempo en que se prepara para lanzar la Segunda Ronda Petrolera, en 2026, con nuevas áreas disponibles que ampliarán las oportunidades de inversión y fortalecerán la seguridad energética de República Dominicana.
El ministro Santos manifestó optimismo con este nuevo proyecto, debido a que representa una oportunidad histórica para confirmar el potencial energético del país y sentar las bases de una mayor independencia y seguridad energética.
El funcionario explicó que, en términos de beneficios, el Estado recibirá una participación mínima del 43 % de la renta petrolera total, junto con la generación de empleos directos e indirectos, programas de capacitación técnica para jóvenes y acciones de desarrollo comunitario.
