El juzgador valoró la calidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Público
SANTIAGO, (República Dominicana).- El juez de la Oficina Judicial de Sevicios de Atención Permanente de esta demarcación judicial, acogió la solicitud de la Fiscalía de Santiago e impuso 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los dos hombres a quienes el órgano persecutor investigó y sometió al escrutinio del juzgador, bajo cargos provisionales por trata de personas, proxenetismo y por explotación sexual agravada contra 45 mujeres.
En la exposición de los hechos que componen la teoría fáctica, el Ministerio Público, representado por los fiscales Juan Osvaldo García, Quirsa Abreu Rodríguez y Martha González, detalla que los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez conformaron una bien estructurada organización criminal que se dedicó a captar a estas mujeres de quienes mantenían control en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.
El juez José Rafael D’ Asís expuso que el Ministerio Público ha aportado elementos suficientes para convencer al tribunal de la pertinencia de imponer la medida, y puntualizó que se ajusta a una investigación rigurosa, por lo que declara el proceso de tramitación compleja.
El juzgador ordenó el secuestro de los bienes incautados, de los que el órgano rector de la investigación se apoderó durante la ejecución de unos 15 allanamientos. La Fiscalía trabaja el caso en coordinación con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas, y la Policía Nacional, diseminando un amplio equipo integrado por fiscales y oficiales del cuerpo del orden.
La investigación llevaba varios meses en curso, tiempo en el que se reunieron los elementos probatorios necesarios para determinar que los imputados debían ser procesados.
Las víctimas, cuarenta y tres de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas, quedaban atadas a una deuda sin especificar en tanto que sus reclutas cubrían los costos por procesos migratorios y de vivienda; de esta manera las víctimas debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos, para poder saldar la deuda.
Las féminas eran víctimas de trata, explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, en tanto que dependían de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro. Los hombres, arrestados durante la operación, tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas y, además, tenían control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.
Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal, cada uno de los cuales fueron acogidos por el tribunal.
El órgano investigador presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 1 (literales A y H), 3 y 7 (literales B y C) de la Ley 137-03, Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículos 265, 266, 333, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo; en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.
Además, le imputa a Matos Monegro la violación al artículo 66 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.
Además de la Especializada, la Fiscalía contó con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, y la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM).
La Fiscalía de Santiago reiteró en un despacho de prensa que la investigación que lleva a cabo, no sólo persigue el resarcimiento de la afectación a la dignidad humana, sino también a la comunidad donde operaba esta estructura en tanto que lasceraron la reputación de las familias del entorno donde la organización criminal quiso implantar un estado promiscuo.
Los apartamentos donde residían las víctimas, eran alquilados por los imputados, que las mantenían bajo vigilancia para garantizar la «inversión» realizada. A los procesados, también se le ocuparon sustancias controladas y armas de fuego.
En estos esfuerzos en los que la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, lograron colectar evidencias de la actividad criminal lucrativa a la que estas víctimas eran sometidas en calidad de mercancía, han contado con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y de la entidad internacional Anti-Trafficking Bureau (ATB).
