Organizaciones ambientales advierten sobre un nuevo y «alarmante» mecanismo de enriquecimiento ilícito que amenaza los recursos naturales de la República Dominicana. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denuncia posibles fraudes millonarios al Estado relacionados con demandas de indemnizaciones que abarcan casi el 70 % del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Esto fue dado a conocer en una rueda de prensa por La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, el miércoles 17 de enero de 2024, a las 10:00 de la mañana, en el edificio del Instituto Sismológico de la UASD.
Según el grupo ambientalista, en un contexto donde las áreas protegidas dominicanas enfrentan amenazas constantes de privatización, surge ahora una táctica novedosa: demandas en justiprecio. Estas reclamaciones buscan compensación por la expropiación de terrenos tras la declaración de un área como protegida. Sin embargo, la Coalición alerta que estos reclamos se están efectuando sobre terrenos carentes de un derecho de propiedad depurado.
Durante la rueda de prensa explicaron que al menos siete demandas en justiprecio han sido interpuestas en los tribunales contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) por dos personas que reclaman ser los propietarios de casi el 70 % de los 1,100km2 que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias de Pedernales e Independencia.
Los alegados propietarios de siete porciones de terreno que superan los 184,262,447m2 dentro del ámbito de las Parcelas 4213, 3866 y 3250 del D.C. 3, exigen al Estado compensación por miles de millones de pesos.
Estos reclamantes a la fecha ya han obtenido dos sentencias a su favor emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA): la primera, dictada el 16 de febrero del 2023 y marcada con el No. 0030-04-2023-SSEN-00088, mediante la cual se ordena el pago de 590 millones de pesos por una porción de terreno de 2,950,000 m2 y la segunda, dictada el 30 de junio de 2023 y marcada con el No. 0030-02-2023-SSEN-00343, mediante la cual se ordena el pago de 676 millones de pesos por una porción de terreno de 16,900,000 m2 y sus mejoras, ambas porciones ubicadas dentro del ámbito de la Parcela No. 4213, D.C. 3, municipio Duvergé, provincia Independencia.
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En el centro, el parque nacional Sierra de Bahoruco. (FUENTE EXTERNA)
Adicionalmente, la Coalición resaltó que uno de los participantes intentó obtener compensación del Estado dominicano en 2009, argumentando supuestos derechos adquiridos en el Parque Nacional Cotubanamá. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada de manera adecuada por los jueces que intervinieron en ese momento, quienes anularon los saneamientos irregulares llevados a cabo en dicho Parque.
La Coalición expresa su preocupación y sospecha de irregularidades en las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo, y anuncia su decisión de recurrir en tercería para evitar un posible fraude al Estado dominicano. Asimismo, insta al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría General Administrativa a profundizar en la investigación y procesar penalmente a los responsables de este presunto esquema mafioso.
Destacando la necesidad de proteger el sistema de áreas protegidas, la Coalición resalta casos anteriores de fraudes y obtención irregular de títulos en áreas como el Parque Nacional Cotubanamá y la zona Bucanyé-Pedernales. Además, enfatiza la violación de bloqueos registrales impuestos por la Ley de Áreas Protegidas.
Un recurso judicial expone preocupantes irregularidades en la sentencia relacionada con los reclamos de indemnización en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco. Los argumentos fundamentales presentados destacan la inobservancia de la certificación del historial de la parcela, evidenciando que las acciones registrales de los demandantes datan de 1994, once años después de la declaración del área como Parque Nacional, lo cual debería haber sido imposible debido al bloqueo registral asociado con áreas protegidas.
